Ley de Glaciares: el agua en riesgo

El 25 de marzo, casi 200 personas (apenas el 0,19% de los 105.000 inscriptos) expusieron en Diputados sobre la modificación de la Ley de Glaciares. Más allá de alertarnos sobre la efectividad de la participación ciudadana, el objetivo de esta columna es entender por qué este debate es tan álgido, tomando conceptos de la reciente charla del Ing. Santiago M. Reyna** organizada por nuestro Instituto de Derecho Ambiental.

Aunque parezca un problema distante, al menos 7 millones de argentinos dependen de 36 cuencas alimentadas por glaciares y el ambiente periglacial. Estos actúan como reguladores estratégicos, aportando hasta el 50% del caudal de los ríos en años de sequía. Son nuestra caja de ahorro de emergencia: el último respaldo para que los ríos no se sequen cuando las lluvias fallan. En un país donde el 70% del territorio es árido o semiárido, oasis agroindustriales como los de San Juan y Mendoza dependen del deshielo. Sin él, la vitivinicultura, la fruticultura y el consumo humano colapsarían ante el estrés hídrico.

Sin embargo, se busca modificar la ley actual bajo un supuesto "impulso económico", argumentando que la normativa ha obstaculizado proyectos mineros estratégicos. La realidad es otra: la actividad minera no tiene limitaciones en más del 99% del territorio nacional. El Inventario Nacional de Glaciares protege apenas el 0,21% del país. De hecho, bajo la vigencia de esta ley (sancionada en 2010), las exportaciones metalíferas pasaron de un promedio anual de 1.584 millones de dólares (2002-2009) a 3.798 millones.

Si la ley no detiene la economía, ¿por qué se frenó el desarrollo minero? El análisis histórico de Reyna demuestra que los proyectos requieren décadas de estabilidad. Yacimientos descubiertos hace más de 50 años (como El Pachón o Taca Taca) no avanzaron por falta de infraestructura básica en alta montaña y por la inestabilidad macroeconómica argentina, no por trabas ambientales. Hoy, el proyecto de reforma busca que cada provincia determine qué es una "reserva hídrica estratégica", eliminando la protección nacional automática que hoy prohíbe la minería metalífera y de hidrocarburos en zonas glaciares.

Como advierten Santiago Reyna y la Marta S. Juliá, directora de nuestro Instituto de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales, dejar esto al arbitrio provincial generaría una enorme inseguridad jurídica. Sería una ley regresiva, con un vicio de inconstitucionalidad que garantiza su judicialización inmediata, suspendiendo proyectos por décadas. Violatoria del "principio de no regresión ambiental" —que prohíbe reducir niveles de protección ya alcanzados— y de normativas como el Acuerdo de Escazú y la Ley General del Ambiente.

A esto se suma el riesgo ecosistémico. El proyecto ignora al ambiente periglacial, el "cinturón de seguridad" del glaciar. Como señala la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), este entorno retiene grandes volúmenes de hielo subterráneo; sin él, el glaciar queda expuesto y pierde su capacidad reguladora.

Modificar la ley también atenta contra el sistema hídrico federal. El agua no entiende de límites políticos; las decisiones que tome una provincia "aguas arriba" afectarán los derechos de las poblaciones "aguas abajo". La propia Corte Suprema ha sentenciado que las facultades provinciales sobre sus recursos no son absolutas y deben garantizar un ambiente sano para toda la población.

La industria minera puede operar en el 99% restante del país, apostando por Evaluaciones de Impacto Ambiental, monitoreo constante y audiencias públicas reales. La seguridad jurídica y ambiental es la mejor aliada de las inversiones a largo plazo. El desafío del federalismo hoy no es solo defender la autonomía provincial, sino garantizar que esa autonomía no se convierta en un permiso para agotar un recurso finito e invaluable.

• Por Milagros Kekutt, Secretaria del Instituto de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales UCC. Correcciones: Marta S. Juliá, Directora del Instituto de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales UCC.

** Santiago Reyna es Doctor en Administración de Ingeniería e Ingeniería Hidráulica, profesor universitario; Presidente de CEAS SA, firma consultora en estudios y proyectos de ingeniería hidráulica y sanitaria; Socio Gerente de Ambientes y Sistemas SRL, consultora en el área de ambiente y CEO de GCIS CC, consorcio de cooperación de consultoras de ingeniería.